Regidores agachones y sumisos al poder en turno permiten excesos de autoridad
Por Raúl González Nova
En Almoloya de Juárez, el Bando Municipal vigente contiene un artículo que merece una revisión profunda y urgente. El Artículo 260 otorga a la autoridad municipal facultades para verificar, inspeccionar, infraccionar, suspender, clausurar y fiscalizar toda actividad comercial, industrial o de servicios los 365 días del año y las 24 horas del día, con apoyo de las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública.
A simple vista, podría parecer una medida de orden y vigilancia, pero en realidad representa una amenaza directa al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su redacción ambigua y su amplitud sin límites convierten esta disposición en una herramienta de poder discrecional, donde el ciudadano queda totalmente expuesto frente a la autoridad.
Y no es casualidad. Esta forma de gobernar responde al estilo del propio presidente municipal, #AdolfoSolísGómez quien se presenta como un alcalde “objetivo”, pero cuya gestión muestra claros rasgos autoritarios y de doble discurso. Es de esos gobernantes que avientan la piedra y esconden la mano, que piden respeto a la ley mientras impulsan normas que la contradicen.
El Artículo 260 del Bando Municipal es el mejor ejemplo: una disposición diseñada para dar poder sin rendir cuentas, para fiscalizar sin límites y para mantener control político disfrazado de legalidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara:
• El Artículo 14 garantiza que nadie puede ser molestado sin un procedimiento legal previo.
• El Artículo 16 protege la inviolabilidad del domicilio, prohibiendo que una autoridad entre o inspeccione sin orden escrita debidamente fundada y motivada.
• Y el Artículo 115 otorga autonomía a los municipios, pero no les permite violar garantías constitucionales.
Entonces, ¿dónde queda nuestra Constitución cuando un reglamento municipal permite que inspectores o verificadores lleguen a cualquier hora, incluso de madrugada, a revisar un negocio o evento, con la amenaza de clausura si no se les permite el acceso “inmediato”?
El problema no es la inspección en sí, sino la falta de límites, controles y transparencia. En un municipio donde abundan los señalamientos de cobros indebidos, favoritismos y uso político de la autoridad, dejar abierta esta puerta es un riesgo enorme. En lugar de un instrumento para el orden, el artículo se convierte en una herramienta de presión o de recaudación arbitraria.
Pero más grave aún es el silencio de quienes deberían alzar la voz.
¿Dónde están los #regidores que aprobaron este bando sin cuestionar su fondo ni sus consecuencias? Su papel no es levantar la mano, sino defender los derechos ciudadanos y frenar los abusos del poder. Sin embargo, una vez más vemos regidores agachones y sumisos al poder en turno, incapaces de cuestionar lo que atenta contra la legalidad y la justicia.
¿Y qué decir de los #abogados y estudiosos del derecho del municipio, que callan ante un artículo que pisotea garantías constitucionales? Resulta preocupante que quienes deberían ser guardianes del derecho se conviertan en espectadores del abuso.
Un bando de policía y buen gobierno debe servir para proteger a la comunidad, no para someterla. El Artículo 260, tal como está redactado, rompe ese equilibrio y coloca al gobierno municipal por encima de los derechos individuales, algo que la Constitución jamás permitió.
Si en verdad se busca un municipio moderno, transparente y respetuoso del derecho, el primer paso debe ser revisar y reformar este artículo, establecer límites horarios, protocolos claros, notificación previa y mecanismos de denuncia ciudadana. Solo así la ley local podrá estar en armonía con la ley suprema de la nación.
Porque una autoridad que pide objetividad pero gobierna con arbitrariedad, no dirige: impone.
Y los regidores que callan ante ello, también son parte del problema.
“Sin periodistas no hay periodismo; sin periodismo no hay democracia” es una frase que siempre debe ser recordada, sobre todo en eventos asociados a la libertad de expresión y el derecho a la información.
No hay plazo que no se cumpla, ni chisme que no se cuente, chin… Se me termino el espacio, nos vemos en la próxima, le seguimos.
Término diciéndoles que: si el pueblo unido jamás será vencido, los periodistas unidos no volveremos hacer agredidos
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