Por Investigación
Almoloya de Juárez, México. – El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debería ser el rostro más humano del gobierno local. Sin embargo, en Almoloya de Juárez, el DIF parece más bien una bodega abandonada y un negocio privado disfrazado de asistencia social.
Un acceso indigno para los más vulnerables, la casa donde opera el DIF municipal está en condiciones deplorables: lodo, charcos y un acceso principal sin rampas ni apoyos para personas con discapacidad. Quienes acuden en busca de atención médica, psicológica o alimentaria, se encuentran primero con el abandono institucional y la indiferencia del gobierno municipal.
Un recorrido realizado el 3 de julio de 2025 se comprobó que la entrada sigue enlodada desde hace semanas, sin mantenimiento ni obras visibles. No hay señalamientos ni personal que oriente o auxilie a quienes llegan.
Un negocio familiar con dinero público, lo más grave no es sólo el estado físico del inmueble, sino lo que ocurre detrás: el manejo discrecional y opaco del presupuesto público.
El predio donde opera el DIF no pertenece al Ayuntamiento, sino a la exesposa del alcalde #AdolfoSolísGómez
El gobierno municipal paga aproximadamente $35,000 mil pesos mensuales de renta a esta por la casa.
La propietaria es hermana de #IsmaelEstradaMercado actual secretario técnico del municipio, y de #JorgeEstradaMercado director de Desarrollo Urbano.
Ambos funcionarios perciben sueldos de más de $30,000 pesos mensuales, según el tabulador oficial del Ayuntamiento.
No existen registros públicos de licitación o concurso para seleccionar dicho inmueble como sede del DIF.
En otras palabras: un negocio redondo para los familiares y amigos del poder municipal.
¿En qué se usa el presupuesto? Según el presupuesto 2025, el DIF de Almoloya recibió más de $12 millones de pesos para operación, asistencia social y servicios generales. Pero estos recursos no se reflejan en la mejora de servicios ni en infraestructura:
No hay accesos dignos ni pavimentación, la casa se encuentra en una calle privada, los consultorios carecen de equipamiento nuevo.
No hay evidencia de programas sociales activos o eficaces, una parte significativa del presupuesto termina en la renta de una casa insalubre con vínculos familiares directos con el presidente municipal.
Las Irregularidades detectadas son que se destinan más de $400,000 pesos anuales a la renta de un espacio sin condiciones mínimas de atención.
Familiares de altos funcionarios se benefician directa e indirectamente del dinero público.
No hay justificación técnica, ética ni administrativa para usar ese inmueble.
No existe transparencia en el uso del presupuesto más allá de nómina y pagos de renta.
Silencio, tráfico de influencias y complicidad, es lo que al parecer prevalece en esta administración, mientras tanto, los #regidores y la #Contraloríamunicipal guardan un silencio cómplice. Nadie cuestiona el contrato de renta ni pide auditorías.
El DIF debería ser un refugio para los sectores más vulnerables, pero en Almoloya se ha convertido en un “establo administrativo”, donde el lodo físico y moral es imposible de ocultar.
Los ciudadanos tienen derecho a saber quién se está enriqueciendo con su dinero, y por qué las familias más necesitadas son atendidas en condiciones que ni un animal merece.
Estimación del gasto en renta (enero–junio 2025)
$35,000 × 6 meses = $210,000 pesos, No hay comprobantes públicos que respalden estos pagos. Los informes oficiales agrupan el gasto en categorías generales sin detallar renta, servicios ni suministros.
La ciudadanía exige respuestas:
¿En qué se gastó cada peso del presupuesto?
¿Quién autorizó el alquiler de una propiedad ligada directamente a funcionarios del mismo Ayuntamiento?
¿Por qué no se ha convocado a una auditoría pública para esclarecer este contrato?
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