Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, México.– En una votación cerrada que por momentos puso en aprietos al alcalde Adolfo Solís Gómez, la aprobación de un polémico dictamen sobre transparencia terminó inclinándose a su favor gracias al voto decisivo de la ex priista María Luisa Hernández Remedios.
El episodio en el cabildo no estuvo exento de tensión. Tras contabilizar 5 votos a favor, 4 abstenciones y 2 en contra, Solís Gómez visiblemente molesto por que no esperaba esa votación tan cerrada, un gesto que dejó ver la presión política detrás del dictamen.
Hernández Remedios, quien llegó al cabildo con el respaldo del PRI, rompió con su bancada para respaldar al alcalde del Partido Verde. Su voto, junto al de su jefa Miroslava Contreras –operadora política cercana a Solís Gómez– fue clave para que la propuesta avanzara. Con ello, ambas se posicionaron como piezas estratégicas en una decisión que deja al descubierto que los intereses de grupo siguen pesando más que el compromiso con la ciudadanía.
Un golpe a la transparencia municipal
Aunque el dictamen fue presentado como una “reorganización administrativa”, especialistas en rendición de cuentas advierten que representa un serio retroceso para el acceso a la información pública. Entre los cambios más polémicos destacan:
La eliminación de la obligación de publicar contratos y licitaciones menores a 5 millones de pesos en la página oficial del Ayuntamiento, lo que contraviene el principio de máxima publicidad establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
La centralización de la información pública en la Secretaría Particular del alcalde, lo cual genera un cuello de botella que podría usarse como herramienta política para restringir datos a ciudadanos y medios.
La desaparición de la figura de vocal ciudadano en el Comité de Transparencia, limitando la participación social en la vigilancia del gasto y debilitando el artículo 33 de la misma ley, que establece la integración plural de dichos comités.
Según datos de la Cuenta Pública Estatal 2024, alrededor del 62% de las adquisiciones municipales —equivalentes a más de 48 millones de pesos— corresponden a contratos menores que, con esta reforma, podrían quedar fuera del escrutinio ciudadano. Esto incluye compras directas de bienes, servicios y obras que anteriormente debían publicarse para garantizar transparencia.
Con esta votación se confirma lo que muchos temían: las decisiones del cabildo no responden a un proyecto de bien común, sino a pactos políticos que marginan las demandas ciudadanas. Para los habitantes de Almoloya de Juárez, esto La ex priista María Luisa Hernández sepulta la transparencia en Almoloya de Juárez
Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, México.– En una votación cerrada que por momentos puso en aprietos al alcalde Adolfo Solís Gómez, la aprobación de un polémico dictamen sobre transparencia terminó inclinándose a su favor gracias al voto decisivo de la ex priista María Luisa Hernández Remedios.
El episodio en el cabildo no estuvo exento de tensión. Tras contabilizar 5 votos a favor, 4 abstenciones y 2 en contra, Solís Gómez visiblemente molesto por que no esperaba esa votación tan cerrada, un gesto que dejó ver la presión política detrás del dictamen.
Hernández Remedios, quien llegó al cabildo con el respaldo del PRI, rompió con su bancada para respaldar al alcalde del Partido Verde. Su voto, junto al de su jefa Miroslava Contreras –operadora política cercana a Solís Gómez– fue clave para que la propuesta avanzara. Con ello, ambas regidoras se posicionaron como piezas estratégicas en una decisión que deja al descubierto que los intereses de grupo siguen pesando más que el compromiso con la ciudadanía.
Un golpe a la transparencia municipal
Aunque el dictamen fue presentado como una “reorganización administrativa”, especialistas en rendición de cuentas advierten que representa un serio retroceso para el acceso a la información pública. Entre los cambios más polémicos destacan:
La eliminación de la obligación de publicar contratos y licitaciones menores a 5 millones de pesos en la página oficial del Ayuntamiento, lo que contraviene el principio de máxima publicidad establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
La centralización de la información pública en la Secretaría Particular del alcalde, lo cual genera un cuello de botella que podría usarse como herramienta política para restringir datos a ciudadanos y medios.
La desaparición de la figura de vocal ciudadano en el Comité de Transparencia, limitando la participación social en la vigilancia del gasto y debilitando el artículo 33 de la misma ley, que establece la integración plural de dichos comités.
Según datos de la Cuenta Pública Estatal 2024, alrededor del 62% de las adquisiciones municipales —equivalentes a más de 48 millones de pesos— corresponden a contratos menores que, con esta reforma, podrían quedar fuera del escrutinio ciudadano. Esto incluye compras directas de bienes, servicios y obras que anteriormente debían publicarse para garantizar transparencia.
Con esta votación se confirma lo que muchos temían: las decisiones del cabildo no responden a un proyecto de bien común, sino a pactos políticos que marginan las demandas ciudadanas. Para los habitantes de Almoloya de Juárez, esto significa quedarse sin garantías para conocer cómo se administran los recursos y qué intereses se esconden detrás de cada acuerdo.
Almoloya de Juárez sigue atrapado en prácticas que privilegian los arreglos de cúpula sobre la transparencia. , tanto, la confianza ciudadana se erosiona y el descontento social crece.
El pueblo observa. Y no olvida.
#AlmoloyaDeJuárez
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