La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos llama aautoridades municipales, estatales y federales a garantizar el derecho ala libre expresión, la libre reunión y la protesta pacífica durantejornadas del 8MCiudad de México, 3 de marzo del 2026.- En el marco de las próximas movilizacionescon motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Red Nacional de Defensoras deDerechos Humanos en México hace un llamado a las autoridades municipales, estatalesy federales para que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos a la libreexpresión, la libre reunión y la protesta pacífica de todas las mujeres que participarán enestas jornadas.Las movilizaciones y protestas feministas son una expresión legítima y necesaria departicipación social, a través de la cual mujeres y colectivas han logrado visibilizarviolencias históricamente normalizadas, exigir justicia para las víctimas y empujartransformaciones legales, institucionales y culturales. Reconocer su importancia implicavalidar el derecho a la protesta y asumir que sin la fuerza organizada de las mujeres enlas calles, muchas de las conquistas en materia de derechos, igualdad y vida libre deviolencias no habrían sido posibles.Estos derechos se encuentran protegidos por la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1º, 6º y 9º, así como por instrumentosinternacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estesentido, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger ygarantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y repararcualquier violación a los mismos.La Red Nacional de Defensoras subraya que las autoridades están obligadas a garantizarla seguridad, integridad y protección de las mujeres manifestantes, y que su actuacióndebe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición decuentas.Asimismo, se recuerda que las autoridades no pueden:

  • Realizar detenciones arbitrarias sin fundamento legal.
  • Hacer uso excesivo o indebido de la fuerza pública.
  • Agredir física, psicológica o sexualmente a las manifestantes.
  • Intimidar, amenazar o criminalizar la protesta social.
  • Implementar medidas destinadas a inhibir la manifestación pacífica.
    Cualquier violación a los derechos humanos cometida por personas servidoras públicas
    constituye una falta grave que puede generar responsabilidades administrativas, civiles y
    penales.
    Garantizar el derecho a la protesta no solo protege a las mujeres que se manifiestan, sino
    que fortalece el Estado de derecho y contribuye a la construcción de una sociedad más
    justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.
    La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México confía en que las
    autoridades actuarán con responsabilidad institucional, perspectiva de género y pleno
    apego al marco legal vigente, priorizando en todo momento la protección de las personas.
    Atentamente,
    Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

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