Por: Aquiles Córdova Morán
El domingo seis de los corrientes, a eso de las siete de la mañana, el señor Manuel Serrano fue secuestrado cuando se disponía a abrir su modesto negocio de venta de periódicos y revistas del que ha vivido desde hace 50 años, con el que logró sostener un hogar y formar a sus hijos como hombres y mujeres de bien. Precisamente la pregunta que encabeza mi escrito de hoy se explica y justifica por este hecho. ¿Quién o quiénes podrían tener interés en secuestrar a un modesto vendedor de diarios y revistas, perfectamente conocido e identificado por todos los que viven y trabajan cerca de él y cuyos ingresos, por elevados que se supongan, no pueden ser un atractivo para quienes buscan riqueza fácil y rápida mediante el secuestro? Dicho brevemente: a la vista de su actividad y de sus posibles ingresos, don Manuel Serrano no es secuestrable por el crimen organizado.
Antes de pasar adelante, debo dejar constancia de que, al escribir lo que antecede y lo que sigue, no pretendo acusar a nadie de este crimen. El respeto y el cariño que todos los antorchistas de México sentimos por don Manuel, padre de nuestra entrañable compañera, la Lic. Maricela Serrano Hernández, actual presidenta municipal de Ixtapaluca, me obligan a la máxima prudencia para no ir a incrementar el grave riesgo en que ya se encuentra su vida. Lo que sí pretendo, porque lo considero útil (además de estrictamente cierto) para orientar a las autoridades investigadoras y a la opinión nacional de los antorchistas y de todo el público, es trazar un esbozo comprimido del marco social en que ocurre el secuestro. Comenzaré recordando que el triunfo de Maricela en Ixtapaluca no fue, ni con mucho, un día de campo. Fue una guerra sucia como pocas, en la cual, además de las críticas, zancadillas, propaganda negra, compra anticipada de votos y conciencias, etc., que pudieran calificarse de “normales” en todo proceso electoral, se echó mano de la violencia física y el terror contra la candidata y sus seguidores (daño y robo de vehículos, golpes a su equipo de difusión, carteles llenos de insultos y amenazas pegados en las puertas de los domicilios, etc.); del insulto personal con referencias a su vida privada y familiar; de acusaciones y cargos que se castigan con cárcel, presentados sin ningún tipo de prueba; y no se escatimaron las amenazas de muerte por televisión, prensa escrita, volantes, correo electrónico y teléfono celular, hechas en un lenguaje soez y brutal, contra ella, sus pequeños hijos y su familia en general. De todo esto hay constancia escrita y grabada.
Consumada su victoria a pesar de todo, las agresiones, insultos y amenazas no amainaron, sino que, por el contrario, arreció su virulencia alimentada por el escozor de la derrota, pero ahora se sumó la campaña mediática para descalificar el proceso electoral y anular sus resultados: se armó un expediente amañado con “pruebas” inventadas, con interpretaciones torcidas de la ley electoral, con documentos para uso exclusivo de la autoridad, lo que puso al descubierto el contubernio con las autoridades municipales en funciones; con “testigos” pagados; etc.; todo esto para sustanciar su demanda de anulación de la elección. También esta maniobra fracasó, y Maricela, con el odio incrementado de sus opositores y de sus padrinos políticos (que a estas alturas eran ya evidentes), asumió el cargo de alcaldesa de Ixtapaluca. La guerra se redobló, ahora con el propósito de “no dejarla gobernar” para evitar que Antorcha se “adueñe” del municipio “como hizo en Chimalhuacán”. Pero, en esta fase, la situación se complicó con los dirigidos contra el Movimiento Antorchista mexiquense, que viene luchando por la solución de las demandas de sus agremiados desde antes que asumiera el cargo el Dr. Eruviel Ávila Villegas. Del total de problemas que forman el paquete de peticiones, sólo debo destacar el relativo a un grupo de trabajadores del volante, de “transportistas” como se les conoce mejor, que por razones que han quedado plenamente demostradas ante la autoridad correspondiente y ante el gobernador, han decidido abandonar las filas del pulpo camionero que regenta el conocido “empresario” Axel García Aguilera. La demanda esencial de los transportistas mencionados es de una simplicidad y de una justicia tan elementales, que cualquiera se sorprendería de las proporciones que ha alcanzado el conflicto: pareciera que se trata de despojar a Axel García de todo su poder y de toda su fortuna mal habida, para repartirla entre los inconformes, cuando lo único que piden es que se les reconozca legalmente como asociación legal con derecho a trabajar y que se les asignen rutas bien definidas para evitar todo tipo de roces con el grupo dominante.
Pero en vez del acuerdo justo y racional que buscan, lo que hasta hoy han conseguido lo resumo así: agresiones físicas del grupo de pistoleros y golpeadores a sueldo de Axel García (palizas, heridas de bala o por golpes con cadenas, tubos y varillas, destrucción de sus unidades, etc.); el asesinato de seis trabajadores y de su abogado defensor, sin que hasta la fecha haya un solo detenido por estos crímenes; empleo de la violencia armada para impedirles llevar a cabo su trabajo y constantes y graves amenazas contra su vida si persisten en su demanda. En hechos más recientes, la Secretaría de Transporte del gobierno mexiquense ha secuestrado más de 190 unidades a los inconformes, que mantiene retenidas y destruyéndose aceleradamente en sus corralones, y esto a pesar de que existe un acuerdo pactado y signado con esas mismas autoridades y la Secretaría de Gobernación federal. En la misma dinámica, se agredió a balazos a un funcionario del ayuntamiento de Ixtapaluca, se han vertido amenazas de muerte contra los responsables de la seguridad del municipio, se han organizado “protestas” contra la alcaldesa, se han redoblado las injurias y las amenazas en su contra vía internet y teléfono celular y se “sembraron” dos cadáveres, jamás identificados hasta hoy, en lugares estratégicos de Ixtapaluca, sobre los cuales se dejaron carteles con amenazas de muerte para Maricela y seguidores. Este es el contexto en que ocurre el secuestro de don Manuel Serrano.
Creo útil también informar un hecho que poco se ha mencionado: el mismo día y casi a la misma hora en que secuestraban a don Manuel, fue allanado el domicilio de la joven abogada Atenea Román Serrano, la hija mayor de Maricela. Aunque los intrusos se llevaron algunas cosas de valor, lo que haría presumir un simple robo, resulta muy difícil aceptar que la coincidencia en fecha y hora de ambos ataques sea pura casualidad. ¿Se pretendía secuestrar a la abogada Román Serrano junto con su abuelo? En fin, estos son los hechos y autorizo a quien quiera hacerlo a que me desmienta. Pero insisto: no es mi propósito acusar a nadie y escribo sólo para orientar el olfato de los investigadores y del público. Lo demás es responsabilidad de las autoridades competentes. A los captores de don Manuel les digo desde aquí que, si en verdad son delincuencia organizada, recuerden o comprueben que los antorchistas jamás nos hemos erigido en “jueces” de su conducta ni de la moral que anima sus actos; que nunca hemos alzado la voz para condenarlos y exigir un castigo más duro que el que marca la ley y que, en cambio, hemos pedido respeto a sus derechos humanos; estricta aplicación de la ley, sin odio ni sevicia por parte de la autoridad; hemos protestado contra las “comparecencias” ante los medios y la autoinculpación a que en tales casos se les obliga; y que, a la vista de todo esto, respeten la vida de don Manuel y el pacto a que se llegue para devolverlo sano y salvo al seno de su familia. Ahora, que si no se trata del crimen organizado, entonces… Dios dirá.
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