Por Raúl González Nova
El Almoloya del micrófono y el Almoloya real
Desde el micrófono oficial, el presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, insiste en que “todo está bien”, que “la inseguridad ha bajado” y que “no existe corrupción en la Policía Municipal”.
El problema es que ese discurso no viene acompañado de datos públicos, verificables y accesibles que lo respalden.
Almoloya de Juárez cuenta con una población aproximada de 180 mil habitantes. De acuerdo con información conocida dentro de la propia administración municipal, operan alrededor de 65 elementos policiacos por turno, lo que representa un policía por cada 2,700 habitantes.
Especialistas en seguridad pública coinciden en que esta proporción es insuficiente para garantizar tareas mínimas de prevención, reacción y patrullaje efectivo. Con estos números, hablar de control territorial y reducción sostenida del delito no es un logro documentado, es una afirmación sin sustento público.
En el ámbito laboral, los hechos también contradicen el discurso oficial.
Elementos de la Policía Municipal han señalado que la primera quincena de enero no fue cubierta en tiempo y forma, y que durante diciembre el aguinaldo y la prima vacacional no se pagaron oportunamente, a pesar de tratarse de prestaciones obligatorias por ley, no de concesiones políticas ni favores administrativos.
Afirmar que “no hay corrupción” sin presentar auditorías públicas, informes financieros detallados o evaluaciones externas independientes no constituye rendición de cuentas. Es, en el mejor de los casos, una declaración unilateral.
Por micrófono se dice una cosa; en la realidad administrativa ocurre otra.
El supuesto “cariño” hacia la Policía Municipal contrasta con retrasos salariales, inconformidades internas y prestaciones pendientes, lo que inevitablemente impacta en la operatividad, la moral del personal y la confianza institucional.
Si la inseguridad realmente bajó, ¿dónde están los datos oficiales comparativos, periodo contra periodo, colonia por colonia?
Si no hay corrupción, ¿dónde están las auditorías abiertas al escrutinio ciudadano?
Si todo está bien, ¿por qué persisten las quejas por pagos atrasados?
A estos cuestionamientos se suman hechos que merecen explicación pública. Durante el convivio de fin de año del Ayuntamiento, no todos los integrantes del Cabildo estuvieron presentes, situación que ha sido interpretada como reflejo de inconformidades internas.
También se ha señalado que los bonos otorgados no habrían sido iguales para todos, por lo que la pregunta es obligada:
¿Los regidores y la síndico recibieron su aguinaldo completo y bonos en tiempo y forma, como marca la ley, o también se les entregó de manera parcial, como ocurrió con otros trabajadores de la administración municipal?
En ese mismo evento, trabajadores contratados para brindar servicios de meseros habrían esperado varias horas para recibir su pago, lo que abre otra interrogante legítima:
¿por qué el Ayuntamiento no garantizó el pago inmediato a quienes prestaron un servicio laboral claramente identificado?
Asimismo, resulta llamativa la presencia constante de Iván Solís, hermano del presidente municipal, supervisando actividades dentro y fuera del Palacio Municipal y en la Plaza Invernalia, donde operan diversas oficinas municipales.
Sin realizar acusaciones, la pregunta es válida y necesaria:
¿qué cargo oficial ocupa, bajo qué atribuciones legales actúa y ante qué instancia rinde cuentas?
Cuando toda crítica se descalifica como “ataque político”, lo que en realidad se evita es la obligación legal de rendir cuentas. Y conviene subrayarlo: rendir cuentas no es opcional.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No con discursos, no con videos institucionales, no con frases optimistas.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios obliga a los ayuntamientos a cumplir puntualmente con sus compromisos financieros y laborales.
El pago de salarios, aguinaldos y prestaciones no es negociable ni diferible por conveniencia política.
La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 87 y 99, es clara:
el aguinaldo y las prestaciones deben pagarse en tiempo y forma. El incumplimiento no es una “falla administrativa”, es una violación a la ley.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos incurren en faltas cuando permiten irregularidades financieras, toleran omisiones que dañan al erario o utilizan el cargo para favorecer intereses particulares.
Por ello, es legítimo exigir saber quién toma decisiones, bajo qué atribuciones y con qué controles internos.
Ante este escenario, la exigencia ya no es solo política o mediática: es institucional y legal.
Corresponde a la Contraloría Municipal de Almoloya de Juárez informar públicamente si existen procedimientos de revisión o investigación en curso relacionados con el manejo de recursos, pagos de prestaciones y procesos administrativos internos.
De igual forma, la Contraloría del Gobierno del Estado de México debe ejercer sus facultades de supervisión.
Asimismo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) está obligado a revisar con puntualidad el ejercicio del gasto municipal.
Y, de existir presunción de uso indebido de recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene plena competencia para intervenir.
Estas instancias no son figuras decorativas ni recursos retóricos.
Son órganos creados para fiscalizar, investigar y sancionar cuando existen indicios fundados de irregularidades.
Si la inseguridad bajó, el gobierno municipal está obligado a demostrarlo.
Si no hay corrupción, debe acreditarlo documentalmente.
Si se presume orden administrativo, no deberían existir retrasos ni inconformidades laborales.
Gobernar no es administrar percepciones.
Gobernar es cumplir la Constitución, las leyes laborales y las normas de responsabilidad administrativa.
Hoy, en Almoloya de Juárez, persisten dos realidades:
la del discurso institucional
y la de los hechos comprobables.
Mientras esa brecha no se cierre con documentos, cifras y cumplimiento legal, las críticas no solo continuarán: se acumularán, porque no son ataques personales ni campañas políticas, sino consecuencias directas de la falta de rendición de cuentas.
Donde hoy hay silencio institucional, debe haber auditorías.
Donde existen dudas razonables, debe haber investigaciones.
Y donde hay omisiones, debe haber responsabilidades.
La pregunta final ya no es retórica, es institucional:
¿cuándo el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez dejará de hablar como gobierno y empezará a responder como autoridad obligada por la ley?.
“Sin periodistas no hay periodismo; sin periodismo no hay democracia” es una frase que siempre debe ser recordada, sobre todo en eventos asociados a la libertad de expresión y el derecho a la información.
No hay plazo que no se cumpla, ni chisme que no se cuente, chin… Se me termino el espacio, nos vemos en la próxima, le seguimos.
Término diciéndoles que: si el pueblo unido jamás será vencido, los periodistas unidos no volveremos hacer agredidos
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