Adolfo Solís y el control político de las representaciones ciudadanas
Por Raúl González Nova
En #AlmoloyadeJuárez cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina la representación ciudadana y dónde comienza la estructura política del gobierno municipal encabezado por #AdolfoSolísGómez.
El caso de Ever Estrada González, delegado de la Cabecera Primera Sección y al mismo tiempo funcionario del Ayuntamiento como Coordinador de Pueblo y Gobierno, ha encendido un debate que la administración municipal no ha querido aclarar con total transparencia.
Aunque la Ley Orgánica Municipal no prohíbe expresamente que un #delegado trabaje dentro del Ayuntamiento, el verdadero problema no es legal, sino ético y político. Un delegado fue elegido para representar a los ciudadanos, gestionar sus demandas y, cuando sea necesario, exigir respuestas al gobierno. Pero cuando ese mismo representante depende de una nómina municipal y de las decisiones del alcalde, la independencia simplemente se vuelve cuestionable.
La administración de Adolfo Solís Gómez parece apostar por una estrategia de control político en la que las figuras que deberían representar a los ciudadanos terminan integrándose a la estructura gubernamental. De esta manera, quienes deberían ser gestores independientes se convierten en funcionarios subordinados al mismo gobierno al que tendrían que señalar cuando existan errores o incumplimientos.
La pregunta que muchos vecinos se hacen es sencilla: ¿puede un delegado defender realmente a los ciudadanos cuando su permanencia laboral depende del propio Ayuntamiento?
Diversos habitantes de la Cabecera Primera Sección consideran que la cercanía política y administrativa de Ever Estrada con el grupo gobernante limita la capacidad de cuestionar decisiones del gobierno municipal. En lugar de existir un contrapeso ciudadano, se fortalece una estructura de lealtades políticas que beneficia al poder en turno.
Pero el tema va más allá de un solo funcionario. Si el Ayuntamiento abre espacios laborales para delegados afines al gobierno, surge otra interrogante: ¿todos los delegados tienen las mismas oportunidades o solamente quienes forman parte del círculo cercano de Adolfo Solís?
La falta de criterios públicos para estas contrataciones alimenta la percepción de privilegios políticos y de un gobierno que recompensa la cercanía antes que la representación ciudadana.
Adolfo Solís Gómez tiene la obligación de explicar si esta política forma parte de una estrategia institucional o si simplemente se trata de colocar a aliados políticos dentro de la administración municipal. Porque cuando los representantes vecinales terminan dependiendo económicamente del gobierno, la línea entre ciudadanía y poder se vuelve peligrosamente delgada.
La ciudadanía merece respuestas claras: ¿cuál es el salario de Ever Estrada?, ¿cuáles son exactamente sus funciones?, ¿cómo garantiza su independencia como delegado?, ¿cuántos delegados más forman parte de la nómina municipal?
Mientras estas preguntas sigan sin respuesta, continuará creciendo la percepción de que en Almoloya de Juárez las representaciones ciudadanas están dejando de ser la voz de los vecinos para convertirse en una extensión política del gobierno de Adolfo Solís Gómez.
Porque la representación ciudadana no debe servir para fortalecer al poder, sino para vigilarlo.
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